- Nota por Prensa Libre
- Ana Isabel Antillón
Cuando hablamos de justicia ágil y creación de empleos, tendemos a colocarlos en estancos separados. Pensamos en justicia ágil para temas penales o de familia, y la creación de empleo la relacionamos más con la instalación de nuevas empresas o con el estado de las carreteras –que es una tarea pendiente para el nuevo gobierno–. Pero no, hay un componente de la agilidad de la justicia que impacta directamente en la creación de empleo y se puede resumir en un concepto: “cero papel”, o decirles adiós a los rimeros de papeles en cada proceso y darle la bienvenida al mundo digital.
Índices internacionales que ayudan a los empresarios a decidir en qué países invertir, como el World Justice Project o el World Economic Forum, tienen indicadores dedicados a la seguridad jurídica, que en la letra pequeña incluyen el tiempo en la resolución de conflictos, la mora judicial y el costo que tiene para los ciudadanos el acceso a la justicia es fundamental en ese sentido.
Tanto grandes inversionistas como pequeños y medianos empresarios deben poner atención a los costos que una disputa comercial, laboral o tributaria puede representar. En su informe sobre transformación digital de la justicia, el BID destaca los beneficios de la justicia digital, que entre abogados y transformadores llamamos justicia “cero papel”. Acá, tres ejemplos: Brinda mayor acceso a la justicia, ya que tanto los ciudadanos como los abogados litigantes pueden acceder al expediente en forma remota, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dota de mayor seguridad, ya que brinda el resguardo de la información sin el riesgo de deterioro de los documentos o pérdida de estos. Reduce costos, pues abona a una justicia pronta, ágil, eficaz y transparente. Con esto se refuerza la seguridad jurídica del país y por lo tanto la idea de que es un buen lugar vivir e invertir.
Muchos países en Latinoamérica dieron este salto hace más de una década. Guatemala inició este proceso hace algunos años en materia penal, y avanzamos hacia la “transformación digital de la justicia” con el Decreto Número 13-2022; una ley que parte de la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia durante la pandemia y que obliga a que progresivamente adoptemos la carpeta judicial electrónica, en sustitución del expediente en papel.
Llevamos más de un año con esta ley y la velocidad de su aplicación depende ahora de los operadores de justicia, de los abogados litigantes, y de la exigencia de los ciudadanos en su uso. Para lograr el cambio de pensamiento de la forma tradicional de acceder a la justicia, el reto recae en las universidades, el Colegio de Abogados y la Escuela de Estudios Judiciales, que juegan un papel insoslayable en la formación de los nuevos profesionales y en la actualización de todos aquellos que llevan muchos años en este sistema de justicia, acostumbrados a trabajar sobre la base de mucho papel, iniciando con la actualización en aspectos fundamentales como el uso de la firma electrónica avanzada y del timbre forense electrónico.
La formación que las universidades brindan a los nuevos profesionales debe estar a la altura para propiciar el cambio cultural que beneficie realmente la implementación de la justicia “cero papeles”, en donde se supere ágilmente la etapa en la que nos encontramos, de audiencias orales grabadas y pasemos al diligenciamiento de los juicios en forma totalmente digital.
Volviendo a la pregunta original ¿Será importante la justicia “cero papel” para la generación de empleo? Sí. representa la garantía para el pequeño, mediano o gran inversionista de que las disputas en las que se vea involucrado se resolverán en forma ágil, eficiente y transparente. Por los múltiples beneficios sociales y económicos que representa para los guatemaltecos, la iniciativa Guatemala No Se Detiene incentiva y apoya las acciones encaminadas a la transformación digital del Estado.
*Con información de: Prensa Libre
