Guatemala No Se Detiene

Guatemala No Se Detiene

Certeza
Jurídica

Certeza Jurídica GNSD

Acerca de

La seguridad y certeza jurídica que un país pueda ofrecer al inversionista es un elemento de fundamental, son características propias del análisis de riesgo y consideran los inversionistas al momento tomar decisiones para realizar sus inversiones o mantenerlas. Con ese enfoque se realizó una evaluación de la situación nacional y se determinaron las grandes temáticas para aportar con coherencia en la procura de su mejora. Por ello, se crea la ruta de alto nivel sobre seguridad y certeza jurídica, mediante la cual se evidencia la importancia de fortalecer las reglas claras y justas, así como definirlo como un habilitador clave del crecimiento económico incluyente.

En la esfera de acción, la referida ruta destaca, entre otras consideraciones, la importancia de la digitalización de los trámites administrativos. También se enfoca en la gestión para la elaboración y aprobación de normativas innovadoras para la protección de los capitales. El otro gran ámbito se enfoca en la necesidad de transformar los procesos en los que el Estado produce y aplica las normas, incrementando la transparencia en la formación de la ley, mejorando su calidad técnica y evaluando su implementación. En su conjunto serán factores claves que coadyuvarán e incrementarán la seguridad y certeza jurídica para la población en general y para el inversionista en particular. En el Plan Guatemala No Se Detiene, se tiene claro que en un Estado que garantiza a sus ciudadanos los derechos y presta servicios con eficiencia, se aumenta el bienestar y la calidad de vida de las familias.

Todo ello será posible con el compromiso de los tomadores de decisión y de la participación de diferentes actores y sectores clave, trabajando en conjunto, en el impulso de determinados objetivos estratégicos que se detallan a continuación:

Este objetivo impulsa un esfuerzo de digitalización que implica una coordinación estrecha entre diferentes instituciones del Estado que intervienen en la totalidad de las etapas de la jornada para el establecimiento de una actividad económica (negocio o industria). Con un enfoque que abarcará los requerimientos de la administración pública, pero, que fundamentalmente tome en cuenta la experiencia y necesidades del usuario, del ciudadano; de toda aquella personal natural o jurídica que desea realizar un trámite en general pero con énfasis en el ámbito de la productividad, es decir, del inversionista, del emprendedor.

 

Dentro de los múltiples beneficios de acercarnos más a la meta de un Estado de Guatemala 100% Digital, es que se podrán realizar acciones concretas, entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente y, como beneficio colateral igualmente importante, destacar la transparencia que se adiciona a la realización de los trámites administrativos, con la finalidad de coadyuvar a poner fin a la discrecionalidad.

 

Se tiene la expectativa de que estos cambios cualitativos que se proponen, en mediano plazo, impacten positivamente la mejora en posiciones de calificación de país, en los índices internacionales como, por ejemplo: superar la posición actual 96 a la 35 entre 141 países en tiempo de iniciar un negocio.

Es trascendental identificar e impulsar un paquete de reformas que incluya mejoras en las medidas administrativa y las medidas legislativas que incentiven la competitividad, para mejorar la atracción de inversiones y la generación de empleos. Los esfuerzos se enfocan en incentivar diferentes acciones dentro de las cuales se destaca:• Implementación de importante legislación como la Ley de simplificación de trámites y requisitos administrativos y la Ley de Insolvencias.

• Impulsar regulación laboral que aumente el empleo formal.
• Impulsar estrategias de protección de la propiedad intelectual y privada.
• Facilita el acceso al crédito productivo con enfasis en las medianas, micro y pequeñas empresas en diferentes ámbitos.
• Impulsar marco regulatorio para incentivar las inversiones, capitales semilla y venture capital, así como iniciativas que garanticen la estabilidad jurídica en las contrataciones.

 

Con la introducción de estos importantes cambios se espera que, en mediano plazo, impacten positivamente la mejora en posiciones de calificación de país, en los índices internacionales, por ejemplo:
• Superar la posición actual 103 a la 70 entre 141 países en protección de la propiedad intelectual.
• Superar la posición actual 121 a la 65 en 131 países en facilidad para proteger al inversionista minoritario.

La aplicación de las normativas en los diferentes ámbitos de la esfera de desenvolvimiento de las actividades de los guatemaltecos, y por lo tanto, en la esfera de las actividades económicas, pasa por la administración de justicia. Se considera fundamental impulsar acciones que permitan reducir la demanda de los servicios de justicia mediante la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como centros de justicia.

 

La oferta de la atención que presta el Organismo Judicial a las acciones tendentes a la implementación de los decretos legislativos 8-2022 y 13-2022 (Carpeta Judicial Electrónica), aunado a la modernización de la gestión de los despachos y procesos judiciales tanto civiles como penales, es fundamental e impostergable.

 

Por otra parte, la transición de los procesos civiles y mercantiles escritos hacía un juicio oral es ineludible, por lo que deben sentarse las bases para su discusión e inminente implementación. Finalmente, es de destacar la importancia de continuar los esfuerzos de modernización para la optimización de la estructura y proceso de gestión e la justicia constitucional.

 

Todos estos cambios, propuestos a mediano y largo plazo, podrían incidir en que el país trascienda sus limitaciones actuales, en la forma siguiente:
• Superando la posición actual 120 a la 64 entre 128 países en sistema de investigación penal efectivo.
• Superando la posición actual entre 128 países en tiempo para resolver disputas comerciales.
• Superando la posición 127 a la 96 entre 128 países en la justicia civil no sujeta a retrasos irrazonables.

Requiere el compromiso de y consolidación de acuerdos entre tomadores de decisión de Organismos del Estado, Partidos Políticos, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades, Colegios profesionales, iglesia, entre otras muchas entidades enfocados en abordar los problemas estructurales del país y en la búsqueda de sus soluciones.

 

Fortaleciendo los mecanismos de seguimiento de la labor de las instituciones públicas por parte de la sociedad civil. E impulsando reformas o las regulaciones necesarias para fomentar la transparencia, la ética, probidad y la reducción de los conflictos de interés en la gestión pública; en términos generales la promoción de una cultura de integridad y fortalecimiento de los mecanismos de control interno del Estado.

A nivel Latinoamericano, algunos países han desarrollado metodologías para medir el impacto económico y social que las medidas implementadas producen. Estas metodologías incluyen indicadores clave de desempeño de las instituciones y de los avances del país, es por ello que para Guatemala se plantea su creación con la participación de diferentes sectores públicos y privados con la finalidad de evitar la dispersión de recursos y esfuerzos.

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